El fin de la Amazonía

Los testimonios de Pierângela Nascimento y Jacir de Souza suenan como un grito de auxilio. Su territorio Raposa Serra do Sol en el estado Brasileño Roraima está apropiado por seis poderosos agricultores de arroz, que se instalaron de forma ilegal en la zona y que reclaman la tierra con intimidación. Ya cayeron algunos muertos y heridos. Una delegación del ejercito, mandado a la zona para proteger la reserva, ha sido devuelto por las autoridades locales de Roraima.

Más de treinta años las comunidades indias en el territorio – unos 19.000 indios, 194 comunidades en una superficie de 17.400  km² – han luchado para su reconocimiento. Lo recibieron del gobierno en el 2005. Pero hoy parece otra vez que todo quedó en nada, porque los arroceros han presentado una solicitud ante la Corte Suprema para derogar el reconocimiento. La sentencia, planificada para el mes de agosto, ha sido postergada porque hay una serie de otras solicitudes, de otros grupos de presión. El caso es un precedente para otros territorios indígenas que han obtenido reconocimiento pero que ahora arriesgan perderlo otra vez. Los arroceros en Roraima se defienden diciendo que su actividad económica es de importancia vital para el estado.
Victima de intereses contradictorios
Un montón de intereses económicos arrinconan a los grupos indigenas. Más en el sur, en Altamira, Pará, hubo un encuentro masivo de indígenas que, pintados de colores de guerra y con rituales expresaron su disgusto. El motivo era el plan del gobierno para equipar “su” Río Xingu con presas de contención, que provocarían la inundación de gran parte de su territorio. Si el proyecto prosigue, el presa de Belo Monte sería la tercera presa de contención más grande en el mundo. Más de cien kilómetros  del delta de Xingu serían desaguados. Eso significa: no más peces para las comunidades, no transporte y no agua limpia. La zona se volvería un vivero para insectos –  aumentando el riesgo de malaria, fiebre amarilla y otras enfermedades como consecuencia. Mínimo 16.000 personas deberían mudarse.

Un problema similar surge en la frontera entre Bolivia y Brasil, donde las comunidades indigenas hicieron sonar la alarma en julio, por la construcción de centrales hidroeléctricas en el río Madeira. A inicios de este año, el gobierno Brasileño expuso sus planes para las presas Jirau y San Antonio, para los cuales de ambos lados tendrían que mudarse miles de habitantes.
Mientras tanto, la tala ilegal en la zona sigue intacto, a pesar de los esfuerzos del gobierno Brasileño para controlar el fenómeno. Un nuevo informe revela que uno de cinco árboles cortados en la selva amazónica proviene de una zona natural protegida, donde está prohibido oficialmente la tala. El año pasado la quinta parte de toda deforestación ocurrió en las reservas de indigenas.
En total más de 688.000  km² de la selva amazónica - un tercio de la superficie total – está en explotación o exploración. En más de 180 bloques de concesiones están trabajando 35 multinacionales diferentes. Eso revela una reciente investigación Estadounidense. Aparte de la tierra, la madera, la fauna, la flora y el agua también el subsuelo es muy deseado. Sobre todo la parte oeste de la Amazonía, en el oeste de Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, es rico en reservas de petróleo y gas. La presión para explotar estas reservas es grande y causa en cada uno de los países conflictos locales con las comunidades indígenas.
El milagro brasileño
Brasil se ve confrontado con una falta de energía y quiere apostar todo en hidro-electricidad. Para 2030 el país tendrá que generar el doble de la capacidad actual, eso significa una cantidad adicional de 100.000 megavatios. El trayecto de las nuevas presas de contención debería proveer  80.000 megavatios de eso. En los próximos 20 años se construirán entre sesenta y setenta presas de contención en los ríos Xingu, Madeira, Araguaia, Tocantins, Tapajón y Trombetas. Según el gobierno brasileño el cuarenta por ciento de estas construcciones es planificada en territorios indígenas o protegidos, pero otros indican que esta estimación es baja. Casi todas las comunidades cercanas al proyecto sufrirán daños, por los caminos que se construirán, por la presión en la fauna y flora y por las nuevas olas de inmigración que siguen el rastro de los proyectos. A pesar de las objeciones que también tiene el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, el gobierno está decidido a perseverar con sus planes porque el país quiere crecer económicamente y utilizar todo su potencial. Por eso se formuló un plan especial de desarrollo, el Programa de Aceleramiento del Crecimiento, que atrae empresas privadas involucradas en la construcción de presas, como Suez, con condiciones favorables.

A mediados de junio se lanzó el Programa Amazonía Sostenible (PAS) para desarrollar la infraestructura en la región y al mismo tiempo “proteger mejor el medio ambiente”. Sin embargo algunos temen que el PAS dará el golpe de gracia al programa para el desarrollo sustentable de la región de la Amazonía, que la ministra de medio ambiente Marina Silva había dibujado en conjunto con investigadores, organizaciones sociales y grupos ambientales. Para Marina Silva, el orgullo de la política verde de Lula, el PAS era la gota que derramó el vaso. A mediados de mayo renunció como ministra. Anteriormente Silva ya se había retractado en la discusión sobre los cultivos geneticamente modificados y el principio de precaución, primero para la soya y después para el maíz. También perdió la batalla contra el desvío del Río San Francisco, contra la plantación de eucalipto para la industria de celulosa y contra las nuevas instalaciones para la energía nuclear. Cada vez encontró resistencia dentro de su gobierno para integrar consideraciones ecológicos en la política de agricultura, energía, manejo de bosques y combate contra la pobreza. Ahora sigue su lucha en el Senado.
El precio de los árboles
La conservación de la selva amazónica es de vital importancia como hábitat para los indígenas, para la biodiversidad y como pulmón verde del planeta. ¿Pero quién decide sobre el manejo de la región cuando intereses incompatibles se enfrentan? ¿La comunidad internacional? ¿El estado? ¿O las comunidades locales? Cada uno de esos niveles quiere imponerse hoy en día.
La herramienta más importante para los indígenas es la Convención 169 de la Organización de Trabajo Internacional, que da a los indígenas el derecho para vivir según su cultura y tradición. Esta convención subraya el derecho a la información y consulta. A finales de agosto los grupos indígenas en Perú obtuvieron una victoria importante en el parlamento a base de esta convención. Igual como Brasil también el gobierno peruano apuesta completamente a la explotación de la Amazonía. El país tiene actualmente un crecimiento económico de casi nueve por ciento. El presidente Alan García quiere estimular este crecimiento, por ejemplo atrayendo inversionistas privados a territorios que pertenecen a grupos indígenas. Para esto quiso imponer dos decretos que facilitarían la renta o la venta de tierra colectiva, lo que es incompatible con la Convención 169. Al final, el gobierno tuvo que resignarse.

En el plano internacional existe la Convención de Biodiversidad para proteger la fauna y flora. Los acuerdos sobre esta sin embargo son muy difíciles de controlar o arrancar. En todo caso para el gobierno brasileño el criterio parece muy claro: la selva amazónica pertenece a la soberanía nacional y los países ricos no deben dar lecciones a Brasil sobre el manejo de esto. En los foros internacionales Lula y sus ministros han repetido aquello varias veces. Señalan a los países ricos su responsabilidad en crear el problema del calentamiento global. Desde esta lógica, en agosto Brasil tomó la iniciativa para la fundación de un fondo internacional con dinero de países ricos para poner en pie el manejo sostenible de la Amazonía y así combatir la deforestación. El objetivo no puede ser que los países ricos ingresen dinero en el fondo para conseguir créditos de carbono, enfatizó Lula.  Según el protocolo de Kyoto los países ricos pueden compensar su exceso de emisiones CO2 invirtiendo por ejemplo en reforestación. Existe mucha critica sobre esta práctica, porque muchas veces se aplica indebido esta regla. Muchas veces estas inversiones se hacen para crear crecimiento económico, más que para hacer inversiones ecológicas. Las negociaciones post-Kyoto en Copenhague (2009) y primero en Poznan, Polonia (diciembre 2008) deben aclarar el intercambio de arboles y el manejo de bosques para créditos de emisiones.