México cautivo de la narcoviolencia

Desde unos años, México está cautivo por la narcoviolencia. De Tijuana a Mérida y de Acapulco a Chihuahua, la lucha entre los cárteles de la droga produce asesinatos, desaparecidos y crimen violento. En los últimos siete años, 12000 personas dejaron la vida por ello. Tan sólo en el año 2007, 2800 murieron por la narcoviolencia y de enero a febrero del actual año fueron 206 personas. Aunque algunas de las cabezas importantes se encuentran en la cárcel y se esperaba que la violencia decayera, ahora resulta que los cárteles también se arraigaron en la Ciudad de México.
Los analistas afirman que los cárteles mexicanos ganan entre 10 y 30 mil millones de dólares con el tráfico de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a los EE.UU. Esta cantidad es del mismo orden de lo que México recibe de divisas extranjeras por medio de la exportación de petróleo (aprox. 35 mil millones de dólares en 2007) o por el turismo (13 mil millones de dólares en 2007).

El Señor de los Cielos

Desde el desmantelamiento de los cárteles colombianos, México se hace cargo del narcotráfico a los EE.UU., puesto que ya había una tradición en la producción y el contrabando de marihuana. Noventa por ciento de la cocaína que hoy en día entra en los EE.UU. pasa por México. El país es, además, el proveedor más grande de marihuana y de metanfetamina (MDMA); se transporta 99 por ciento del éxtasis producido en México a los EE.UU. Por mucho tiempo, todo este contrabando se desarrollaba prácticamente sin problemas. Los diversos cárteles y redes dividieron la frontera de 3200 kilómetros de largo entre ellos y cada uno manejaba su segmento del mercado, con el conocimiento de la policía.
La cabeza número uno en los años noventa fue Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos. Este apodo se debe a su método de trabajo, el narcotráfico mediante aviones. Él pertenecía al cártel de Juárez. El hombre traficaba cuatro veces más cocaína a los EE.UU. de lo que antes se había transportado. Él dictaba las leyes tácitas de la mafia mexicana, controlaba la jerarquía y cómo debía ser respetada. Hasta que falleció de pronto en 1997 durante una cirugía plástica. Con su muerte, la lucha entre los cárteles rivales estalló, además avivada por los escándalos de corrupción políticos en el partido del gobierno mexicano, el PRI, y alimentada por la desintegración social y los grandes flujos de armas ilegales de las pasadas guerras civiles en Centroamérica.

Siete redes terrenales

El narcotráfico mexicano consiste hoy en siete familias con sus redes (véase cuadro). El más grande es el cártel del Golfo, en el Golfo de México. Según se dice, tiene lazos estrechos con jueces corruptos y empresarios importantes. Es de lejos el clan más violento, por los llamados Zetas: paramilitares fuertemente armados, desertados de las unidades de élite de la armada mexicana, quienes se visten de negro y disponen de una artillería pesada. Entre 2000 y 2007, nada menos que 100.000 soldados salieron de la armada y gran parte de ellos está incorporada a los Zetas.
Otra pandilla de matones del cártel del Golfo son los Kaibiles: comandos de soldados de élite de la armada guatemalteca, especializados en combatir contra rebeldes. Después de quedarse desempleados en 1996, cuando Guatemala firmó los acuerdos de paz, muchos de ellos encontraron empleo en los cárteles mexicanos. También el cártel del Pacifico dispone de grupos de choque, compuestos de militares armados y milicias regionales como la Mara Salvatrucha (o MS-13) que opera desde El Salvador hasta Los Ángeles.
Luis Astorga, investigador del narcotráfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), habla de un desplazamiento de la cultura gángster con sus asesinos a sueldo hacia un terrorismo paramilitar con tácticas de contraguerrilla. Se muestran las torturas, las ejecuciones antijurídicas y los asesinatos a todo el mundo en los clips de You Tube y se cantan las historias de machos en los narcocorridos, un nuevo género musical de lo cual se venden los discos como bolillos.
El periodista mexicano Ricardo Ravelo señala en la revista Proceso, que los líderes de los siete cárteles también se encuentran arraigados en la capital, con sus residencias y refugios, con la principal intención de organizar los envíos de droga por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Un número de asesinatos recientes cerca del aeropuerto marca que las redes rivales se agreden para obtener el control sobre el territorio. En el aeropuerto circulan grandes cargas de efedrina y seudo-efedrina (para la producción de éxtasis). Es sabido que un empresario chino Zhenli Ye Gon, quien gozaba de una protección general bajo el gobierno de Fox, traficaba seudo-efedrina por la aduana del aeropuerto. Sin embargo, ahí también pasaban cargas de cocaína, así como maletas lleno de dinero, que los cárteles mandan a sus contactos colombianos.

War on Drugs

La narcoviolencia no sólo se restringe a los miembros de cárteles rivales, sino amenaza también a periodistas, políticos y jueces. En un intento de poner orden y por el grado vergonzoso de corrupción de la policía, el presidente Calderón optó con resolución por la mano dura y destacó 30.000 militares, divididos sobre diferentes partes del país. El encargo de los soldados es amplio: destruir cultivos, recopilar información, realizar operativos, interrogar sospechosos y desarticular las redes del narcotráfico. Además de eso, Calderón deliberó con el presidente Bush sobre un esfuerzo conjunto para resolver el problema. Después de meses el resultado de la deliberación fue el llamado Plan México, también conocido como la Iniciativa Mérida – según el lugar donde ambos presidentes sostuvieron las conversaciones.
El Plan reúne varios objetivos: el combate contra la droga y el terrorismo, protección de la frontera y seguridad publica, reforzar las instituciones y mejorar el funcionamiento del tribunal. Los EE.UU. soltarán el equipo militar y material para los servicios de información y comunicación, las instalaciones para el control fronterizo, los helicópteros y aviones. Asimismo, los EE.UU. responderán del entrenamiento y la formación de los servicios del orden y las instituciones judiciales.
Tanto en México como en los EE.UU., el Plan genera resistencia de parte de la sociedad civil y de los parlamentarios. En México, se teme que la soberanía del país corre peligro. Incluyendo el combate contra el terrorismo en el Plan, los EE.UU. imponen su propia agenda de seguridad a México. Según los críticos en México, el Plan supone, además, que México se compromete a detener sus propios emigrantes como si fueran criminales. En ambos países vive el miedo de que el Plan México sea algo como el temible Plan Colombia, una iniciativa de los EE.UU. y Colombia que costó cinco mil millones de dólares en los últimos seis años. Plan Colombia tenía la intención de combatir tanto el narcotráfico como la guerrilla, pero no obtuvo realmente resultados en ninguno de los dos dominios, aunque sí ha generado mucha violencia.

Resistencia encarnizada

La iniciativa de Calderón para destacar la armada recibe también una fuerte resistencia. Sobre todo, las organizaciones en defensa de los derechos humanos temen por una escalada de violaciones de los derechos humanos, porque la armada no fue entrenada para los encargos de policía. En diferentes lugares en México, especialmente en los estados sureños de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, la militarización conduce a intimidaciones y revisiones aumentadas en las comunidades indígenas.
Según el general González Betancourt, presidente de la comisión parlamentaria de Defensa Nacional, el narcotráfico está detrás del financiamiento al Ejercito Popular Revolucionario (EPR), el cual está presente en Guerrero y Oaxaca. Aunque no tiene las evidencias, el general declara en una entrevista al periódico mexicano La Jornada del 31 de enero que ‘como grupo armado, necesita realizar gastos de carácter económico, entonces, es probable que el crimen organizado, especialmente el narco, esté trabajando para financiarlo’. En una de sus ediciones, también La Jornada señala el carácter problemático del enfoque de Calderón. La armada y la marina tienen encargos que están claramente definidos en la Constitución. Funcionar como policía no corresponde a su paquete de encargos. Los peligros son múltiples: de violencia excesiva contra los ciudadanos hasta una corrupción y desintegración total de la armada bajo la influencia de la mafia de los narcotraficantes. Y quien hace la guerra, también la puede perder. ‘¿Qué si perdemos la guerra? ¿Quién pondrá orden? ¿Las tropas estadounidenses?’
En su reporte de 2007, la organización en defensa de los derechos humanos Human Rights Watch fija la atención explícitamente en los excesos de violencia de los militares, en los cuales decenas de personas fueron detenidas, aisladas y torturadas. Además de eso, la armada no permite una investigación trasparente de estas violaciones, puesto que eso es tarea de la propia armada, aunque así no se consigue ninguna garantía de una investigación independiente y honesta. También Louise Arbour, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, aboga en que la armada se retire.

Legalizar

Algunos hablan de la ‘colombianización’ de México. La salida a tal escalada de violencia no es evidente. Según el escritor mexicano Carlos Monsiváis, se trata de más que solo muchos muertos. ‘El narcotráfico llegó a un nivel inimaginable de deshumanización’, plantea el autor. ‘Es una cultura de violencia en la cual los narcos se presentan como héroes legendarios.’ Según Monsiváis, solo hay una manera en cómo combatirlo y es desmitificar legalizando. Pero, así agrega inmediatamente, eso nunca pasará porque es algo que trasciende el nivel nacional. Eso se tendrá que decidir a nivel internacional.
Tom Blickman del Trans National Institute (TNI) de los Países Bajos, no cree que legalizar sea una buena idea. ‘¿Puedes imaginarte la heroína de venta en el supermercado?’ El aboga por un enfoque centrado en la reducción del daño –harm reduction-, combinado por el trabajo intensivo en el combate contra la corrupción y el refuerzo institucional. Es también el planteamiento de Maureen Meyer del Washington Office on Latin America, quien hace un análisis profundo de la situación en México en su investigación At the Crossroads: Drugs Trafficking, Violence and the Mexican State. Según ella, el enfoque del gobierno mexicano no conlleva una solución a largo plazo sino más bien sirve para distraer la atención de las reformas profundas que necesita México en el campo de la policía y el tribunal. Asimismo, se debería esforzar más para frenar la demanda, demostrando sus consecuencias para la salud.
Tanto Blickman como Meyer opinan que la indolente ley de armas estadounidense es responsable por la artillería pesada con la cual las pandillas entablan la lucha. Diariamente, un promedio de 2000 armas y miles de piezas de munición entran ilegalmente en México, 90 por ciento de ellas provenientes de los EE.UU. Es tiempo, entonces, que los EE.UU. incluyen otros esfuerzos en el orden del día que solamente dólares para financiar planes militares.

Los cárteles mexicanos
De una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que salió a la luz en enero del año pasado, resulta que el narcotráfico en México está controlado por siete familias:

1. El cártel de Tijuana, de la familia Arellano Félix, efectivo en la frontera noroeste de México con los EE.UU., pero también presente en el sur y el sureste del país.
2. El cártel del Golfo, con influencia en 13 estados de México, opera en la región del Golfo de México.
3. El cártel de Sinaloa, presente en 17 estados de México y opera en la costa del Pacifico Norte.
4. El cártel de Juárez tiene influencia en 21 estados, sobre todo en el norte, pero desde hace tres años también opera en el sur y el sureste. El cártel de Juárez y el de Sinaloa forman la Alianza Triángulo de Oro o del cártel del Pacifico.
5. El cártel del Milenio de los hermanos Valencia. Influencia en seis estados, células operativas en cuatro.
6. La familia Amezcua Contreras tiene el control en siete estados, pero su mercado es más amplio por su especialidad en drogas sintéticas.
7. El cártel de Pedro Díaz Parada opera en siete estados, particularmente en la frontera sur, la franja del Golfo y los estados de Chihuahua y Durango.