El modelo de desarrollo en Guatemala excluye a los indígenas

El megaproyecto Xalalá es un viejo sueño de los sucesivos gobiernos de Guatemala. Desde los años 70 existen planes para construir una gran represa sobre el rio Chixoy, que forma el límite entre los departamentos Alta Verapaz y El Quiché.

Con el conflicto armado interno de los años 80 se canceló estos planes, pero desde hace algunos años se los puso nuevamente sobre la mesa.

Las comunidades asentadas cerca del rio quieren información precisa sobre los planes, pero INDE, el Instituto Nacional de Electrificación que coordina el proyecto, es muy reservado con su información.

Ya se ha construido una hidroeléctrica rio arribo entre 1975 y 1983, pero los recuerdos a este proyecto son muy dolorosos. Decenas de comunidades desaparecieron. La región fue el escenario de hechos sangrientos, en los inicios de los 80, con masacres y la estrategia de tierra arrasada. Las comunidades de Rio Negro, que resistieron contra este proyecto, lo pagaron con su vida: fueron masacradas por el Ejército de Guatemala.

Existe el miedo que se repetirá hoy en día la misma historia. En mayo de este año, Guatemala fue interpelado por el Comité CERD de las Naciones Unidades por violaciones de derechos humanos y los conflictos sociales provocados por las decenas de megaproyectos de explotación de recursos naturales.

Lieselotte Viaene, antropóloga y experta en derechos humanos, fue al terreno para investigar el caso de Xalalá. Viaene hizo esta misión a solicitud del municipio de Herent en Bélgica – que tiene muchos años un hermanamiento con dos regiones amenazadas – y en coordinación con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Gante.

Conversó tanto con estancias del Estado, el INDE, como con las comunidades indígenas amenazadas. Su investigación resultó en un informe de investigación comprensiva que fue presentada en Guatemala ante las instancias involucradas y las comunidades.

La hidroeléctrica dará electricidad, progreso y desarrollo, así se presenta el proyecto. ¿Por qué entonces las comunidades se resistan contra la llegada de esta represa? 

Lieselotte Viaene: Existe resistencia desde 2005, porque los sucesivos gobiernos nunca les informaron sobre el diseño del proyecto. La construcción de una represa siempre implica la creación de un embalse grande por lo cual las comunidades asentadas cerca del río tienen que mudarse.

Los vecinos no disponen de información sobre el diseño de esta represa, cuáles comunidades serán afectadas o sobre el impacto al medio ambiente. No hay claridad sobre cuáles de las comunidades deben ser trasladas y hacia dónde.

Este proyecto destruirá muchas tierras fértiles poniendo en riesgo su seguridad alimentaria.

La población de la región son campesinos indígenas que viven de la agricultura de subsistencia. Este proyecto destruirá muchas tierras fértiles poniendo en riesgo su seguridad alimentaria. Desde muchos años las comunidades solicitan información al INDE, la institución estatal que coordina este proyecto, pero no hay transparencia.

Durante entrevistas con el INDE, se proporcionó nueva información que se ha delimitada una nueva zona de influencia que abarca alrededor de 220 a 230 comunidades o casi 63 000 personas, de la cual la mayoría son indígenas maya q’eqchi’. Además, se desiste de la construcción de un solo embalse, pero optará por una cadena de varias hidroeléctricas medianas. Este nuevo diseño todavía no ha sido comunicado oficialmente a las comunidades potencialmente afectadas.

La gran mayoría de la población en esta zona, son también sobrevivientes del conflicto armado y lo que está ocurriendo ahora evoca muchos recuerdos. Muchos son desplazados internos, pero hay también mayas que buscaron refugio en México y retornaron. La gente está marcada por este pasado de violencia.

Hay un vínculo entre el conflicto armado interno de los años 80 y la política actual de megaproyectos?

Lieselotte Viaene: Uno de los grandes problemas de Guatemala es que desde su fundación el Estado es racista y discriminatorio, con una política basada en la exclusión. Los derechos humanos de los pueblos indígenas, la mayoría de la población, nunca han sido respetada.

La problemática de la tierra es uno de los puntos históricos muy dolorosos: la gran mayoría de la población en la zona de influencia no tiene título de propiedad de la tierra. El Estado Guatemalteco, desde su creación, ha desprotegido la población maya q’eqchi’ y les ha despojado de sus tierras a favor de terratenientes guatemaltecos y extranjeros, militares, la elite local o empresas transnacionales.

El Estado Guatemalteco, desde su creación, ha desprotegido la población maya q’eqchi’ y les ha despojado de sus tierras.

El problema fundamental aquí es el tema del derecho a la tierra y al territorio. En este caso se trata específicamente de un derecho colectivo de los pueblos indígenas, reconocido por el sistema internacional de protección de derechos humanos.  Además, se trata de sobrevivientes del conflicto armado que hasta hoy en día todavía no han recibido reparaciones de forma integral por parte del Estado por las graves violaciones de derechos humanos sufridas, a pesar de que es su obligación internacional.

Nunca en la historia del país, el Estado ha garantizado y protegido los derechos de tierra y territorio de los q’eqchi’, algo que un Estado debe hacer para su propia población.

Encima de toda esta historia, viene este proyecto hidroeléctrico Xalalá, como parte de un modelo de desarrollo en donde estos indígenas no tienen voz. Aquí el Estado viola el derecho a la consulta y el consentimiento, un derecho que es reconocido por el derecho internacional en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas de los derechos de los pueblos indígenas.

Estos derechos colectivos, como por ejemplo el derecho al territorio y los recursos naturales, a la libre determinación, a la organización social y política, son reconocidos por el derecho internacional justamente para poner fin a este modelo histórico de exclusión en la toma de decisión que afectarán los modos de vida de los pueblos indígenas.  

¿Existen sanciones a las violaciones de estos derechos colectivos?

Lieselotte Viaene: Se puede denunciarlo jurídicamente, primero en Guatemala ante el sistema judicial. El Estado Guatemalteco ha ratificado tanto el Convenio 169 de la OIT como la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y ha apoyado la aprobación de la Declaración de derechos de los pueblos indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por lo tanto el Estado Guatemalteco tiene la obligación internacional de respetar, proteger y garantizar estos derechos. Uno de las obligaciones es que el Estado debe consultar los pueblos indígenas sobre medidas legislativas, como leyes y acuerdos gubernamentales, y administrativas como proyectos de desarrollo que afectarán directamente sus derechos humanos.

Cuando se han agotado los recursos jurídicos internos, se podría denunciar estas violaciones ante el sistema interamericano de derechos humanos, primero ante la Comisión de Derechos Humanos después ante la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos.  Esta Corte Inter-Americana ha jugado un papel clave, mediante su jurisprudencia, en la interpretación de la comprensión y alcance de estos derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La Corte ya ha emitido dos sentencias importantes en casos sobre pueblos indígenas y el derecho a la consulta, que tienen un carácter vinculante para los países que reconocen su jurisdicción, como es el caso de Guatemala. (Uno fue sobre Saramaka vs Surinam, el otro sobre Sarayaku vs Ecuador)

Consultar es una cosa. ¿Esto significa que cuando los indígenas rechazan el proyecto, esto no se implementa?

Lieselotte Viaene: El espíritu del Convenio 169 es que el derecho a la consulta es un dialogo intercultural entre por un lado el Estado y por otro las comunidades potencialmente afectadas por un mega-proyecto. El fin de este dialogo es llegar a un acuerdo mutuo o consentimiento.

Uno de los principios de este dialogo es que debe ser “de buena fe”, es decir que hay la intención de llegar a un acuerdo que es aceptable para ambas partes. Justamente para cambiar este modelo histórico de exclusión de los pueblos indígenas.

El derecho a la consulta es un instrumento importante para la construcción de un verdadero Estado pluricultural e intercultural. 

El derecho a la consulta es un instrumento importante para la construcción de un verdadero Estado pluricultural e intercultural porque da a los pueblos indígenas el espacio de pronunciarse sobre un modelo de desarrollo que responde a sus visiones y también otras aspectos de políticas públicas como por ejemplo la educación intercultural.

El derecho a la consulta es también una salvaguardia contra medidas, como un megaproyecto, que puedan incidir en los derechos humanos fundamentales de las comunidades indígenas. Este proceso de consulta y participación puede durar meses y es un ir y volver.

El Estado es obligado a realizar estos procesos consultativos. En situaciones específicas, bien determinadas por el derecho internacional, la consulta no es suficiente y debe el Estado también obtener el consentimiento de las comunidades indígenas para poder implementar un mega-proyecto.

En el caso Xalalá, el derecho internacional es muy claro. Dado que comunidades cerca del río Chixoy deben ser trasladas de sus tierras ancestrales y que el proyecto tendrá un gran impacto sobre la identidad cultural de las comunidades indígenas ubicadas en la zona de influencia, los q’eqchi’ afectados deben dar su consentimiento.  En el caso en que al final de este proceso de diálogo intercultural los q’eqchi’ no dan su consentimiento y que no obstante el Estado ejecute el proyecto, sería una violación del derecho internacional.

Entonces no se trata solamente de cuestiones económicas, sino también de cultura y la espiritualidad?

Lieselotte Viaene: Efectivamente, durante este diálogo intercultural se debe presentar un estudio de impacto ambiental, pero de misma importancia es la investigación sobre el impacto humano, el modo de vida y sobre su cultura. El proyecto Xalalá implica una amenaza real a los derechos individuales y colectivos de los q’eqchi’, como el derecho al territorio, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, a la identidad cultural, a un nivel de vida adecuada y el derecho de no ser desplazado forzosamente.

Cuando se analiza los derechos humanos desde una perspectiva intercultural, se trata también de la dimensión espiritual y de la naturaleza que va a ser afectada. Desde una visión indígena esto es muy importante. A nivel internacional ya se ha reconocido el derecho colectivo de los pueblos indígenas al territorio. Con esto se reconoce que tienen una relación colectiva y espiritual multidimensional con la tierra. Entonces, desde el punto de vista indígena no se trata solamente de la tierra pero también del territorio. Esto incluye tanto tierras, pero a la vez recursos naturales. Sin embargo, también para otros derechos humanos como el derecho al agua o el derecho a la alimentación, esta relación cosmológica e espiritual es fundamental.

El agua es como la sangre que corre en nuestras venas. Sin agua, los cerros y valles sagrados no pueden vivir y tampoco los seres humanos ni los animales.

O como un anciano q’eqchi’ me explicó: “el agua es como la sangre que corre en nuestras venas. Sin agua, los cerros y valles sagrados no pueden vivir y tampoco los seres humanos ni los animales”. Entonces, cuando se discute, durante este diálogo intercultural entre el Estado y la población indígena, los derechos humanos amenazados, se debe dar la misma importancia a estas visiones indígenas como a la información técnica sobre el proyecto.  Y esto es un desafío muy grande porque implica que se debe reconocer otras visiones sobre la vida y otras epistemologías o formas de conocimiento. 

También, un informe recién de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) hace una llamada de crear un nuevo y sostenible modelo de desarrollo donde se integran las visiones y los derechos humanos de los pueblos indígenas. Según CEPAL, se debe promover un cambio estructural donde se rediseñen los equilibrios y que esté basado en igualdad, sostenibilidad y derechos humanos.

Hay también voces in Guatemala que proponen establecer una Asamblea Constituyente y redactar una nueva Constitución. En el caso que logren reconocer el Derecho de la Naturaleza, como ha ocurrido en Ecuador y Bolivia, esto cambiaría la realidad?

Lieselotte Viaene: Inmediatamente, claro que no. Estos países tienen una nueva Constitución que otorga a los pueblos indígenas una extensa gama de derechos colectivos, además ambos países han ratificado el Convenio 169 y reconocen la jurisdicción de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos.

Sin embargo, existe una brecha de implementación muy grande y esto es un gran problema en Ecuador y Bolivia. Estos países conocen también grandes conflictos sociales por el “boom” de proyectos mineros e petroleros y de hidroeléctricas en territorios indígenas promovidos por sus gobiernos que frecuentemente genera violaciones de derechos humanos.  

Ecuador cuenta con una de las constituciones más progresistas en términos de derechos humanos en el mundo, también en cuestiones de derechos colectivos. Es la primera constitución que ha reconocido el Derecho de la Naturaleza, sin embargo tiene todavía un largo camino por caminar para realizar todo esto.

Xalalá es uno de muchos proyectos hidroeléctricos. ¿Existen ejemplos positivos donde la población fue desplazada y donde se ha podido reconstruir una nueva vida con respeto de sus derechos y su cultura?

Lieselotte Viaene: No, y esto es una de las principales razones de protesta de las comunidades indígenas en contra de Xalalá, que Guatemala no cuenta con ni un ejemplo exitoso. En los años 80, en el pico del conflicto armado, hubo esta fantasma de la hidroeléctrica Chixoy, donde ocurrieron graves violaciones de derechos humanos.  Guatemala ha sido condenado por la Corte Inter-Americana de Derechos humanos en este caso por las masacres de Rio Negro. Hasta hoy en día los desplazados siguen viviendo en la pobreza y muchos no tienen acceso a la electricidad.  Esta represa está sobre el mismo rio, pero más río arriba. Los paralelos son entonces muy grandes. La consulta se debe realizarse en un ambiente de “buena fe”, pero los reclamos de la población q’eqchi’ tienen que ver con que en toda su historia nunca han tenido una experiencia positiva con el Estado Guatemalteco.

La región de Cobán que está incluido en la zona de influencia del proyecto Xalalá ha sufrido por lo menos 23 masacres y la destrucción de 36 de sus comunidades.

Además, la región ha sido abandonada históricamente por el Estado, por lo cual hay mucha pobreza. Asimismo, la población consiste de sobrevivientes de un conflicto armado interno donde el Ejército ha sido el principal responsable de las atrocidades sufridas.  Por ejemplo, la región de Cobán que está incluido en la zona de influencia del proyecto Xalalá y que forma parte del hermanamiento de la municipalidad de Herent, ha sufrido por lo menos 23 masacres y la destrucción de 36 de sus comunidades. Hasta hoy en día el Estado no ha reconocido los derechos territoriales de los q’eqchi’ y ahora quieren impulsar un proyecto supuestamente para darles desarrollo sostenible. Pero, ¿cómo se pueden desarrollarse de forma sostenible cuando las tierras donde viven desde siglos no son de ellos y que como sobrevivientes del conflicto armado todavía no han recibido reparaciones de forma integral de parte del Estado?

Existen los Acuerdos de Paz de 1996. ¿Guatemala ha cambiado desde entonces? ¿Las condiciones actuales en el país permiten establecer este dialogo equitativo?

Lieselotte Viaene: No ha cambiado mucho en este desequilibrio de poder desde los Acuerdos de Paz. Si comparas Guatemala con otros países post-conflictos latinoamericanos, como Perú o Colombia, el país se encuentra a la zaga de los avances en torno a los derechos de participación de los pueblos indígenas. La Constitución de 1985 reconoce Guatemala como un Estado Multicultural, pero en la práctica es muy débil. Los derechos humanos de los pueblos indígenas son violados constantemente, los megaproyectos son impuestos sin ninguna forma de participación.

¿Estos temas forman parte de la campaña actual de elecciones y esto estará en el programa del próximo gobierno?

Lieselotte Viaene: La Primavera Guatemalteca, que el país está viviendo actualmente es una gran oportunidad  para poner los derechos humanos de los pueblos indígenas y los conflictos sociales sobre recursos naturales muy alto en la agenda política. Guatemala es uno de los pocos países con una población de mayoritaria indígena.  Espero que la sociedad civil nacional e internacional puedan apoyar este proceso.

Se estima el porcentaje de pueblos indígenas en la población entre 40 y 60 por ciento.

Lieselotte Viaene: El último censo poblacional se realizó en 2002 y en ese momento se contó 40 por ciento. Pero se debería organizar un nuevo censo. Estudios socio-demográficos indican que los indígenas maya representan posiblemente 60 o quizá 70 por ciento de la población.  Depende de cómo las personas se auto-identifican, porque por la estigmatización que todavía existe hay gente que retiene de llamarse “indígena” porque así te sitúas muy abajo en la escala social. En Ecuador, por ejemplo, el censo poblacional de 2010 indica que hay 7,1 por ciento indígenas, mientras estudios socio-demográficos hablan de 30 a 40 por ciento.

¿Cómo se podría trabajar en Guatemala hacia una sociedad más inclusiva?  

Lieselotte Viaene: Una de las recomendaciones del informe de investigación es que Guatemala debería elaborar una política pública de implementación del derecho de consulta y el uso de recursos naturales. Es fundamental que se reflexiona conjuntamente, que se crea espacios de debate, porque Guatemala es un Estado para todos: para blancos, ladinos, indígenas, garífunas y xinkas.

Es un Estado intercultural, pero en términos de derechos humanos no lo es en la práctica. Sin embargo, tampoco se puede cambiar un Estado racista, fundamentada en la exclusión, de la noche a la mañana. Pero lo que ahorita está ocurriendo, veo que hay diversos sectores de la población que se están reuniendo más y más y que se empieza a reflexionar sobre la pregunta: “Cómo queremos que sea nuestro Guatemala?”. Para esto es fundamental desmantelar el mito que los derechos humanos de los pueblos indígenas son un obstáculo para el desarrollo.

¿Usted observa una señal de esperanza en lo que está ocurriendo actualmente?

Lieselotte Viaene: Es histórico que tanta gente, también la clase media, sale sin cesar a las calles contra la corrupción. Nunca se ha visto esto. La gente está harta. Es una sociedad que ha sufrido graves violaciones de derechos humanos durante 36 años y desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 está agobiada por una impunidad total, una gran inseguridad y violencia, el crimen organizado y que ahora se levanta y dice: ¡ya basta!. Queremos un Guatemala donde nosotros ciudadanos sean tomados en serio que sea un país para todos. No un país solamente para la elite económica y los narcotraficantes, pero de todos nosotros. Nunca se ha visto esto. Es una gran revolución por una población históricamente discriminada y marcada por las heridas del conflicto armado.